La Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS), ha puesto en marcha, coincidiendo con el inicio del curso escolar 2026/2027, un nuevo Protocolo de Actuación contra el Absentismo Escolar dirigido a los municipios de la provincia menores de 20.000 habitantes.
En concreto, se trata de un nuevo protocolo que nace con la intención de mejorar, homogeneizar y agilizar la intervención de los Servicios Sociales Comunitarios ante las diferentes situaciones de absentismo escolar, reforzando la coordinación con los centros educativos y situando a las familias en el centro del proceso de intervención.
Así lo ha expresado la delegada de Derechos Sociales de la institución provincial y presidenta del IPBS, Irene Aguilera, quien ha descastado que “ vamos a trabajar homogeneizando el trabajo que se viene haciendo desde años anteriores, pero queríamos establecer unas pautas iguales y comunes para todos los alumnos que nos permitieran no sólo fomentar la asistencia a clase, que es fundamental y un derecho que tienen los menores, sino que nos permitiera estudiar el porqué y las razones del absentismo escolar”.
Aguilera ha recordado los datos que avalan el trabajo de los profesionales del IPBS y es que “durante el curso escolar 2024/2025, se atendieron más de 360 casos de absentismo escolar; y en el curso 2025/2026, las intervenciones superaron los 390 casos, en más del 80 % de estas intervenciones se consiguió normalizar la asistencia al centro educativo, resolviendo la situación de absentismo, lo que pone de manifiesto la importancia de mantener y reforzar esta actuación”, ha apostillado.
En este sentido, la responsable del Área ha hecho hincapié en que “el IPBS cuenta con una red de 182 profesionales de distintas disciplinas, entre ellos educadores sociales, psicólogos, trabajadores sociales y personal médico”.
Aguilera ha valorado el trabajo de la Diputación de Córdoba en esta materia y ha resaltado la importancia de contar “con una estructura permita abordar el absentismo desde una perspectiva interdisciplinar, teniendo en cuenta no solo la asistencia del menor al centro educativo, sino también las circunstancias familiares, sociales y personales que pueden estar condicionando su escolarización”.
En este sentido, el nuevo protocolo refuerza la coordinación permanente entre los Servicios Sociales Comunitarios del IPBS, la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía y los centros educativos de Primaria y Secundaria.
El menor y su derecho a la educación
La delegada provincial de Derechos Sociales ha estado acompañada por su homólogo en materia de Desarrollo Educativo y FP y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Diego Copé, quien ha añadido que “entre los objetivos de este protocolo se encuentra unificar criterios de intervención, reducir los tiempos de respuesta desde la detección de las primeras ausencias, mejorar la comunicación con los centros educativos y reforzar el trabajo con las familias, proporcionándoles orientación, recursos y apoyo profesional”.
Copé ha recordado que según los últimos datos datos publicados por el Ministerio de Educación, basados en la encuesta de población activa de 2025 “Andalucía ha registrado la mejor cifra eh de la serie histórica eh situando la tasa de abandono escolar temprano en un 14,49%”.
“Con este nuevo protocolo, la institución provincial da un paso más en la consolidación de una respuesta más rápida, coordinada, homogénea y especializada frente al absentismo escolar. El objetivo no es únicamente conseguir que un menor vuelva a asistir a clase, sino también identificar el por qué de sus ausencias escolares y abordar las causas que están detrás, acompañar a las familias y movilizar los recursos sociales y educativos necesarios”, ha concluido la delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba.
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